Entre tantas cosas que están pasando -un plebiscito ad-portas, luchas políticas intestinas por las primarias municipales, inmigraciones descontroladas en el norte, impunes ataques terroristas en el sur-, se suman los casos criminales donde han participado delincuentes de alta peligrosidad a quienes el sistema penitenciario les había dado un trato… generoso y permisivo.

Mucho se ha dicho del “Caso Ambar” que da cuenta de la violación y asesinato de una menor, por quien se encontraba bajo el régimen de libertad condicional, después de haber sido condenado a 27 años por el homicidio de su mujer y su hijo. Similar efecto ha causado el crimen y violación de un niño de 13 años, por quien, a pesar de estar condenado a presidio perpetuo, se encontraba favorecido con el beneficio de salida semanal.

Si sumamos el caso de Celestino Córdova, condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger – Mackay y que, por presiones políticas, hoy goza de tratamiento especial en un Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería, y comparamos “sólo estos tres casos” con la forma en que han sido tratados los militares que se encuentran privados de libertad en los penales de Punta Peuco y Colina, es fácil demostrar que las autoridades políticas han mantenido con los uniformados una actitud discriminatoria y vengativa.

Son más de 20 los militares que han muerto privados de libertad, sin que la autoridad haya considerado para ellos algún beneficio por razones humanitarias como, por ejemplo, su edad, su condición de postrados o de enfermos terminales. Sin ir más lejos, esta semana falleció un uniformado en Punta Peuco después de siete meses de una penosa enfermedad y, un soldado conscripto, también privado de libertad, enfrentó la muerte de su esposa y el cáncer de su hija embarazada, sin que ninguno haya convocado la atención de la autoridad política.

Sorprende que esta verdad, que no requiere mayores evidencias, mantenga indiferente a los sectores políticos que, en los periodos preelectorales, se comprometieron a que la ley se cumpliría igualitariamente para todos los ciudadanos, compromiso que claramente… no se ha cumplido.

Mientras hacíamos conjeturas al respecto, un contertulio fríamente espetó: “el tema… no es tema” y luego agregó: “los militares cumplieron con su deber y, después de casi 50 años…  ¿quién va a andar preocupado de la suerte que corrieron los actores de ese momento? 

Un leal habitué, actor de esos días, se molestó y aludió a la importancia de llamar la atención a la sociedad civil sobre lo que estaba ocurriendo con los uniformados, porque ello podría tener incidencias futuras, y advirtió que el asunto era aún más grave porque, además, se les habían prohibido los ritos funerario propios de los militares, (banderas, bandas, descargas, honores…), por lo que se había hecho costumbre cantar “a capela”: /yo tenía un camarada/ otro igual no encontraré/ a mi lado siempre marchaba/  para suplir los ritos denegados y despedir dignamente al camarada que, habiendo cumplido con su deber, pagó con un injusto cautiverio.

Cristián Labbé Galilea