Colombia acudirá a otras instancias internacionales para denunciar los atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos por Venezuela con las deportaciones masivas en la frontera binacional, pese al revés sufrido en la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció el martes el presidente Juan Manuel Santos.

Colombia sufrió el lunes una derrota diplomática al no lograr que se convocara a una reunión de cancilleres de la OEA para analizar la crisis que se vive en la frontera con Venezuela desde que el presidente Nicolás Maduro ordenó su cierre y deportó a cientos de colombianos.

“Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible.

Lo hará la canciller ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Santos en una alocución por radio y televisión.

“Lo hará ante el Secretario General de Naciones Unidas, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, y ante la Organización Internacional de Migraciones”, precisó al tiempo que anunció que Colombia desistió de acudir ante la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).

Santos dijo que la Fiscalía General de Colombia está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano, quienes podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma.

De acuerdo con el Gobierno de Bogotá, los colombianos deportados y expulsados sufrieron atropellos y actos violatorios de los derechos humanos, denuncias que Venezuela niega.

Naciones Unidas considera que en la frontera de Colombia y Venezuela se registra una crisis humanitaria de importantes dimensiones por las deportaciones de 1.100 colombianos y el regreso de otros 10.000 por temor de sufrir atropellos de las autoridades venezolanas.

Maduro, ordenó el cierre de una parte de la frontera binacional hace casi dos semanas, después de un enfrentamiento de contrabandistas con militares que dejó gravemente heridos a dos uniformados.

El mandatario socialista justificó su decisión y un estado de excepción en la necesidad de combatir el contrabando en la porosa frontera de 2.219 kilómetros. En medio de la crisis, los dos países llamaron a consultas a sus embajadores.