Los comentarios apuntaron a las múltiples aclaraciones que, sobre la materia, han tenido que dar las autoridades, y a las disimiles reacciones de los diferentes sectores políticos. El “gatuperio” que generó la iniciativa fue tremendo, lo que permite suponer que surgió entre cuatro paredes, y que hay muchas cosas que no están suficientemente claras. Según se comenta, la medida fue “prematuramente gatillada” por los resultados en las encuestas de aceptación presidencial. (Vaya uno a saber….).

Al respecto, las opiniones coincidieron en que una decisión de esta naturaleza, que involucra áreas tan sensibles como la seguridad nacional y tan peligrosas como el narcotráfico, no se puede improvisar; que es necesario el desarrollo de planes estratégicos de largo y corto plazo; que hay que afinar temas logísticos, tecnológicos, de comunicación… (suma y sigue); pero además y, de forma prioritaria, es imprescindible revisar las experiencias que se han vivido en otros países (México, Colombia, Venezuela, la experiencia Europea), etcétera.

No es llegar y decretar, en un simple acto comunicacional, que las FF.AA. “apoyarán el combate al narcotráfico”. Una misión de esa naturaleza requiere entrenamiento, preparación, coordinación inter e intra instituciones; ni qué decir de los problemas que se pueden generar producto de una eventual superposición de funciones con las fuerzas policiales, e incluso con el poder judicial.

Uno de los presentes que había estudiado el tema señaló: “hay estudios que indican que, si bien estas misiones parten como algo provisorio, de carácter restringido y colaborativo, con el tiempo generan un nivel de involucramiento del cual resulta casi imposible desprenderse”. Luego de otras referencias acotó: “Es muy probable que gradualmente se vaya debilitando el Poder Nacional, en su componente militar, al dedicarlo a labores que no le son propias y que además son de naturaleza doméstica”.

No faltó quien consideró que la “militarización del combate al narcotráfico” expondría a las FF.AA. a múltiples acusaciones de parte de activistas y organizaciones de derechos humanos, lo que a la larga terminaría por afectar su relación con la comunidad civil. Otro de los presentes, con más agudeza, advirtió que si a eso se le sumaba la conducta garantista de la justicia actual, el delincuente -como suele ocurrir- quedará en la impunidad y los soldados complicados.

En resumen, son muchas las dudas que esta iniciativa genera en el ambiente, pero como la idea no es oponerse por oponerse, ni mucho menos, que la autoridad se quede con los brazos cruzados, lo que hasta aquí se ha dicho permite concluir que…. ¡esta iniciativa da mala Espina!, porque el tema es demasiado complejo y no se soluciona con un mero decreto dictado “entre gallos y medianoche”.

Cristián Labbé Galilea.