COMO EL GOBIERNO DE ALLENDE DESTRUYÓ LA DEMOCRACIA EN CHILE

1. El Acuerdo de la Cámara de Diputados que cambió la historia de Chile.

El miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas para “analizar la situación política y legal que afecta al país”. Al iniciarse la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido Nacional (PN) presentaron un proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.

El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, quien, en su discurso de presentación del proyecto de Acuerdo, afirmó que el Presidente Salvador Allende no estaba respetando el Estatuto de Garantías Democráticas que había hecho posible su elección. Este listado de derechos individuales había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la Democracia Cristiana lo eligiera con sus votos como presidente, pues el candidato socialista sólo había obtenido el 36.2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir a la primera magistratura a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. Más tarde, Allende reconocería que él firmó este Estatuto sólo como una maniobra “táctica” (Regis Debray, The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).

Tras intervenir varios diputados del PN, habló el diputado Luis Maira de la Unidad Popular, la coalición de partidos de gobierno. No negó las graves acusaciones que hacía el proyecto de Acuerdo e intentó justificar la conducta del gobierno sosteniendo “que el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas indispensables”.

La sesión de la tarde, convocada para votar el proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en sesión secreta a instancias de Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que abandonar el recinto.

Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados levantó la voz y declaró aprobado por 81 votos contra 47 el Acuerdo sometido a votación. A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión. El Acta oficial de la sesión, que fue presidida por el diputado del PDC Luis Pareto y el del PN Gustavo Lorca, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, fue publicada el 25 de agosto en el diario gubernamental La Nación.

El Acuerdo, aprobado por casi dos tercios de los diputados (63.3%), acusaba al gobierno del Presidente Allende de veinte violaciones concretas a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, violar las atribuciones del Poder judicial, el Congreso y la Contraloría, y todo ello de manera sistemática y con el fin de instaurar en Chile “un sistema totalitario”, es decir, una dictadura comunista.

Fue un hecho extraordinario que el Acuerdo de la Cámara haya sido aprobado por todos los diputados del PDC (incluído el ex Vicepresidente Bernardo Leighton), el partido mayoritario cuyo líder indiscutido era el Presidente del Senado y ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva. Sólo tres años antes, el 24 de octubre de 1970, ese mismo partido había contribuido con todos sus votos a elegir Presidente a Salvador Allende en el Congreso Pleno.

Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es “el ejercicio del poder más allá de la ley”. Cuando surge ese tirano, es él quien ha colocado al país en estado de guerra al traspasar los límites de su poder, es decir, se ha “rebelado” (“re-bellare”, proviene del latín “bellum” que significa guerra). La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados entonces es la acusación que se le hace al Presidente Allende de que, pese a que fue elegido democráticamente, se había rebelado contra la Constitución y, por lo tanto, traspasado el umbral de la tiranía.

El Acuerdo de la Cámara de Diputados tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente de la siguiente manera:

a) Un preámbulo contenido en los artículos 1 a 4, que enuncia las conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado (“un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición”), y recuerda que el Presidente Allende no fue elegido por una mayoría del voto popular sino por el Congreso Pleno, “previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política”.

b) Veinte acusaciones de violaciones a la Constitución y las leyes: una acusación genérica contenida en los artículos 5 y 6, diez sobre violaciones concretas a determinados derechos humanos que están enumeradas dentro del artículo 10, siete sobre violaciones a la separación de poderes en los artículos 7, 8 y 9, y finalmente dos sobre acciones de carácter sedicioso en los artículos 11 y 12. Es notable que este listado tenga una estructura similar a la cadena de acusaciones contra el rey Jorge III que hace la Declaración de Independencia de Estados Unidos para justificar ante el mundo esa ruptura (aunque su elocuencia y elegancia esté muy lejos de aquella alcanzada por la redacción de Thomas Jefferson).

c) Una precisión sobre el rol de los ministros militares que el Presidente Allende había incluido en carteras claves de su gabinete (Art. 13 y 14). Hay que aclarar que el mismo Presidente Allende había abierto las puertas de la política a los militares al designar, un año antes, a varios generales y almirantes en ministerios claves. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats. En agosto de 1973, un almirante era Ministro de Hacienda, el cargo clave en la conducción económica del país.

d) Un llamado al Presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas (Art.15) a poner “inmediato término” a estas graves violaciones a la Constitución. Cabe destacar que esos ministros eran los Comandantes en Jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

El 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior.

El jueves 24, el Presidente Allende daba a conocer una carta pública dirigida al país. En ella sostenía: “En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo… Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado”.

Allende acusó a la mayoría de los diputados de querer removerlo del cargo sin una acusación constitucional formal, en lo cual tenía razón. Por eso la Cámara realiza un “llamado” a la intervención de los ministros militares, y obviamente a través de ellos a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente era imposible.

En efecto, la remoción del Presidente, conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en 1925, exigía para ello dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el Senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible que un Presidente, por impopular que fuera, perdiera de tal manera las elecciones parlamentarias durante su período como para quedar sin el apoyo de al menos un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Constitución de 1925 permitía que un gobierno la violara, incluso “sistemáticamente” como sostuvieron una amplia mayoría de los diputados, mientras ese gobierno mantuviera a su lado a un tercio de los senadores.

Es reveladora la confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho que trasunta la respuesta de Allende, ya que declara que insistirá en su camino ilegal pues “tras la expresión ‘Estado de Derecho’ se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista”. Esta declaración es consistente con aquella que había hecho su Ministro de Justicia el 1 de julio de 1972: “La revolución se mantendrá dentro del derecho mientras el derecho no pretenda frenar la revolución”.

2. Allende y la opción de la izquierda por la violencia política

¿Cómo se explica que un Presidente que llegó al poder a través de una elección democrática ejercite después su poder en contra de la misma Constitución y las mismas leyes que le permitieron alcanzar el más alto cargo político de la República? ¿Por qué un gobierno elegido democráticamente consideró necesario incurrir en veinte violaciones de la Constitución?

La respuesta está en que una revolución comunista-socialista, que busca establecer lo que su misma doctrina ha denominado “la dictadura del proletariado”, por definición no se puede hacer dentro de la Constitución y de la ley de una república democrática.

Una cosa es para un dirigente marxista transformarse en presidente democrático de un país obteniendo el 36,2% de la votación, contando con la aceptación de un Congreso cuando a éste le corresponde la elección final, y otra muy distinta es adquirir la suma del poder necesaria para abolir la democracia y establecer un sistema totalitario. Para ello se requería una mayoría abrumadora como para realizar las modificaciones respectivas de la Carta Fundamental. Ello no ha ocurrido en la historia de la humanidad, pues todos esos regímenes han alcanzado el poder total a través de la violencia.

Es un error atribuir la ruptura chilena a una tendencia más impaciente que otras al interior de uno de los partidos de izquierda marxista, o a una reunión sediciosa de diputados con marineros en un barco de la Armada, o incluso a un discurso delirante en un estadio llamando a la “insurrección de las masas”. Estos hechos, que sí ocurrieron, pueden ser detonantes, pero la causa profunda fue una ideología y una praxis, tan sistemática como implacable, que concebía a la violencia como “la partera de la historia”.

Son claves para comprender el origen de la ruptura democrática los dos acuerdos oficiales del Partido Socialista de Chile adoptados, por unanimidad, en sus Congresos anuales de 1965 y 1967.

Ya en su Congreso de Linares (julio, 1965), el Partido Socialista de Chile, que se definía como marxista-leninista, había sostenido lo siguiente: “Nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder… El partido tiene un objetivo: para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios”.

Pero fue en su Congreso de Chillán cuando la postura sediciosa alcanzó su máxima expresión. Este tuvo lugar entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967 y asistieron 115 delegados, y hubo además ‘delegados fraternales’ de los gobiernos comunistas de la URSS, Alemania Oriental, Rumania y Yugoslavia, del partido Baath socialista de Siria y del partido socialista de Uruguay.

La resolución adoptada afirmaba que “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima… Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista… Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. La política del frente de trabajadores se prolonga y se encuentra contenida en la política de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), la que refleja la nueva dimensión continental y armada que ha adquirido el proceso revolucionario latinoamericano” (Julio César Jobet, La Historia del Partido Socialista de Chile, 1997).

El ideólogo del Partido Socialista, y futuro Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Allende, Clodomiro Almeyda, especuló sobre la forma en que terminaría este proceso: “La forma fundamental que en un país como Chile pueda asumir la fase superior de la lucha política, cuando el proceso vigente llegue a colocar a la orden del día el problema del poder, es impredecible en términos absolutos. Yo me inclino a creer que es más probable que tome la forma de una guerra civil revolucionaria, a la manera española, con intervención extranjera, pero de curso más rápido y agudo” (Revista Punto Final, 22 de noviembre de 1967).

Cabe destacar que el Partido Socialista era el segundo de mayor tamaño del país, que sería el principal partido en la coalición, la Unidad Popular, que gobernó Chile entre 1970 y 1973, y que Salvador Allende era su más destacado militante. Su partido aliado, el Partido Comunista de Chile, era el mayor y mejor organizado de todos los Partidos Comunistas de América Latina, y el tercero en tamaño, después de aquellos de Francia e Italia, de todo el mundo occidental. Por cierto, todo esto ocurría en el contexto de la Guerra Fría, en la cual el gobierno de la Unidad Popular se había aliado con la Unión Soviética en contra de Estados Unidos y la Europa democrática.

En la década del 60, Allende aceptó servir como presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), un organismo castrista para exportar la revolución comunista al continente, la que había afirmado públicamente que “la revolución armada es la única solución para los males sociales y económicos de Latinoamérica”.

Claudio Véliz, historiador y amigo personal de Allende, sostiene que los viajes de Allende a Cuba tuvieron “una incidencia fundamental en el proyecto que pretendía aplicar en Chile. Tras ver Cuba, Allende pensó que podía acortar el camino. Pero la verdad es que se apartó de la tradición chilena… No cabe ninguna duda que el gobierno de la Unidad Popular fue un desastre que nos llevó a la guerra civil” (El Mercurio, 28 de noviembre, 1999).

Allende, siendo presidente del Senado, expresó en varias ocasiones su apoyo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que inició la violencia guerrillera en Chile. Por cierto, la violencia había sido idealizada por los líderes de izquierda de Chile y el continente por un largo tiempo. En último término, los dirigentes marxistas chilenos no supieron resistir el embrujo de la Revolución comunista cubana. Fidel Castro, se transformó en el modelo y fueron intoxicados, como si fueran adolescentes, por la retórica y la acción revolucionaria del Che Guevara, quien llamaba a crear “múltiples Vietnam” en América Latina.

Una distinción fundamental que no se hizo fue aquella entre el noble objetivo de querer cambiar el mundo para mejor y buscar hacerlo utilizando la violencia. En nuestro país había al comenzar la década del 70 demasiada pobreza, subdesarrollo, monopolios e injusticias de distinta naturaleza, como para que muchas personas idealistas, especialmente jóvenes, no se declararan en estado de rebeldía y buscaran, aunque con más pasión que rigor, un camino para crear un mundo mejor. Basta leer el “Balance Patriótico” de Vicente Huidobro, publicado en 1925, para comprobar que no mucho había cambiado en cincuenta años.

Lo que es gravísimo es que tantos dirigentes comunistas y socialistas chilenos impulsaran, inicialmente con su retórica incendiaria, y más tarde con sus actos de gobierno, a decenas de miles de jóvenes al abismo —y a las consecuencias– de la violencia política.

En este contexto, es estremecedora la honesta confesión de un ex guerrillero argentino: “Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de Los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde, primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores, y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo” (Jorge Masetti, El Furor y el Delirio, 1999).

La respuesta del Presidente Allende a la Cámara no fue la única en la que demostró su confusión acerca del Estado de Derecho. Durante 1973 la Corte Suprema le había reprochado la vulneración de las atribuciones propias de ese cuerpo, lo que derivó en una violenta disputa epistolar entre ellos. Así, el 26 de mayo de 1973, en protesta por una negativa del gobierno a cumplir con una decisión judicial, la Corte Suprema resolvió por unanimidad dirigirse así al Presidente de la República: “Esta Corte Suprema se ve obligada a representar a Su Excelencia por enésima vez la actitud ilícita de la autoridad administrativa en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así como de poner obstáculos a la policía uniformada en la ejecución de órdenes de los tribunales del crimen; órdenes que, bajo las leyes vigentes, deben ser llevadas a cabo por dicha fuerza policial sin obstáculos de ninguna índole; todo lo cual implica un desprecio abierto y voluntario de los fallos judiciales, con completa ignorancia de las alteraciones que tales actitudes u omisiones producen en el orden legal; como se representó a Su Excelencia en un despacho anterior, actitudes que implican además no sólo una crisis en el estado de derecho, sino también el quiebre perentorio o inminente de la legalidad de la Nación”.

Allende, en un discurso público a los pocos días, respondió con una afirmación que en cualquier país de larga tradición democrática le habría costado la inmediata destitución de su cargo:”En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la Justicia”.

Cabe destacar que, al día siguiente del Acuerdo de la Cámara, el 23 de agosto, la Corte Suprema adoptó otra resolución denunciando nuevamente los intentos del gobierno de quebrar la independencia del Poder Judicial.

A mediados de 1973, el ejercicio antidemocrático del poder por parte del Presidente Allende y sus ministros había conducido, entonces, no sólo a un abierto conflicto constitucional entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo, sino también a un gravísimo choque entre este Presidente y el Poder Judicial.

A estas alturas, es conveniente precisar que, aunque la creciente crisis económica –inflación anualizada sobre 300%, racionamientos, crisis de balanza de pagos, desempleo en aumento, desconfianza—producía miseria y angustias generalizadas y creaba una caja de resonancia a estos conflictos institucionales, ese no era el argumento válido para remover al gobierno.

Como el país había llegado a ser “un campo armado”, lo cual preocupaba sobremanera a las Fuerzas Armadas, había que ser ciego para desconocer que, durante el invierno de 1973, Chile había caído en un estado de guerra civil (James Whelan, Desde las Cenizas).

Oscar Waiss, quien fue director del diario oficial del gobierno e íntimo amigo de Allende, al plantear algunos escenarios posibles refleja el grado de extremismo que primaba en algunos dirigentes de la Unidad Popular: “Había llegado el momento de echar el fetichismo legalista por la borda; el momento de llamar a retiro a los militares conspiradores; de destituir al Contralor General de la República; de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial; de incautarse de El Mercurio y toda la jauría periodística contrarrevolucionaria. Resultaba mejor dar el primer golpe, pues el que pega primero pega dos veces” (Revista “Política Internacional” Nº 600, Belgrado, abril de 1975).

3. Frei y su lucha frontal contra el gobierno de Allende

Salvador Allende llegó a la presidencia tras el fracaso de los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-1964) y de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Ambos gobiernos fueron incapaces de cambiar la fallida estrategia de desarrollo, la cual generaba un crecimiento económico tan mediocre que hacía imposible derrotar la miseria y crear un horizonte de prosperidad para todos los chilenos, y ambos abrieron el camino para la violación del derecho de propiedad, fundamento esencial de una sociedad libre.

El debilitamiento del derecho de propiedad en Chile comenzó, en efecto, con la reforma constitucional propiciada por el gobierno del Presidente Alessandri con el fin de iniciar la Reforma Agraria. Fueron proféticas, aunque desestimadas, las advertencias del ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Recaredo Ossa: “La ruptura de estas garantías constitucionales respecto de la agricultura es sólo el comienzo de la quiebra de nuestro sistema democrático. Lo que hoy se hace contra esta rama de la producción no tiene por qué no hacerse mañana contra la propiedad urbana, la minería grande, mediana o pequeña, el comercio y todos los bienes particulares. Decimos más: la Reforma Constitucional es la experiencia piloto en materia de abolición del derecho de propiedad. Introducida esta cuña, que algunos miran tan desaprensivamente, el hueco se convertirá en inmensa grieta por donde desaparecerá la propiedad entera” (Esta intervención radial fue reproducida por El Mercurio el 6 de enero de 1962).

El gobierno Frei profundizó este camino, incurriendo además en dos otros graves errores de políticas públicas. Primero, fue débil ante el surgimiento de la violencia política, y fue especialmente grave que no reaccionara con vigor en defensa de la democracia y el estado de derecho cuando el Partido Socialista se declaró partidario de la vía armada en su Congreso de Chillán en 1967. Segundo, la Reforma Agraria del gobierno Frei multiplicó varias veces la violación del derecho de propiedad al expropiarse miles de propiedades agrícolas sin una justa compensación. Además, su gobierno permitió la proliferación de las “tomas” de propiedades ajenas por grupos de agitadores. Al gobierno de Frei le “tomaron” todo: universidades, municipalidades, centenares de predios agrícolas, sitios eriazos, carreteras, industrias, un cuartel militar, y hasta la Catedral de Santiago. En ese ambiente no fue de extrañar que los partidos de izquierda sintieran factible “tomarse” el poder total.

Fracasados los gobiernos de “derecha” y “centro” de Alessandri y Frei, y no existiendo, como hemos visto, una “izquierda” democrática, la conclusión era predecible. En agosto de 1965, el mismo Frei había dicho “Si mi gobierno falla, tendremos un gobierno de la extrema izquierda” (Leonard Gross, The Last, Best Hope, 1967).

Lo que resultó tan impredecible como extraordinario, fue que una figura política tan temerosa de aparecer como “anticomunista”, como Eduardo Frei Montalva, decidiera ante la encrucijada en que lo colocó la Historia, jugarse entero para salvar a Chile de caer en una dictadura marxista. Frei vivía bajo el peso de la durísima acusación que se le hizo a fines de los sesenta de que, si le entregaba el gobierno a Allende, pasaría a la Historia como el “Kerensky chileno”. Sin embargo, decide permanecer en Chile durante este período, en circunstancias de que su ex ministro del Interior y heredero político, Edmundo Pérez Zujovic, es asesinado en 1971 por terroristas de izquierda, lo que hacía evidente que también su propia vida corría alto peligro.

Frei retornó a la arena política contingente presentándose en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 como candidato a senador por Santiago, y una vez elegido aceptó la presidencia del Senado, transformándose, por lo tanto, en el adversario principal de Allende.

Su muy cercano colaborador, el senador DC Patricio Aylwin, había presentado, el 12 de mayo de 1973, una moción en la Asamblea General de la DC, la cual fue aprobada, en la que se acusaba al gobierno de Allende de buscar establecer en Chile una “tiranía comunista”. Posteriormente, Aylwin revisa el proyecto de Acuerdo, redacta sus conclusiones, y, sin duda tras obtener el asentimiento de Frei (presidente del senado y líder indiscutido de la DC), le transmite a Orrego la aprobación final. Más aún, es Aylwin quien le replica públicamente a Allende tras la respuesta de este al Acuerdo.

Por cierto, los dirigentes del Partido Nacional, encabezados por Sergio Onofre Jarpa, habían denunciado desde muy temprano el creciente alejamiento de la legalidad del gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, es lógico afirmar que lo que inclinó la balanza, tanto en la ciudadanía como en los mandos militares, fue la postura que Eduardo Frei asumió, con inusitada fuerza, en esos meses cruciales de 1973. Como Presidente del Senado, era el líder con mayor poder de convocatoria de la oposición y era también el dirigente chileno que, de lejos, tenía el mayor prestigio internacional. Desde ya, el Times de Londres lo había calificado como “la personalidad política más importante de América Latina”.

Existen testimonios de que en algún momento, Frei llegó al convencimiento de que sólo las Fuerzas Armadas podían impedir que Chile se transformara en una segunda Cuba. En la significativa “Acta Rivera”, se describe una reunión el 6 de julio de 1973 entre Frei y la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, la máxima entidad gremial que agrupaba a los industriales chilenos. En ella estos dirigentes le plantean que “el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana”.
La respuesta de Eduardo Frei es reveladora: “Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles… les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo”.

El testimonio más extenso de Frei en esta materia es su carta del 8 de noviembre de 1973 al Presidente de la Democracia Cristiana Internacional, el político italiano Mariano Rumor. Allí Frei reitera las acusaciones que antes había hecho el Acuerdo de la Cámara: “Trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el Marxismo Leninismo. Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia… En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente. Pretendieron asimismo transformar todo el sistema educacional, basado en un proceso de concientización marxista. Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no sólo por los partidos políticos democráticos, sino por sindicatos y organizaciones de base de toda índole, y en cuanto a la educación ella significó la protesta de la Iglesia Católica y de todas las confesiones protestantes que hicieron públicamente su oposición. Frente a estos hechos naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber –y lo cumplió– denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó siempre con una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos”.

En una conversación con un periodista del diario español ABC, publicada el 10 de octubre de 1973, Frei ya había hecho juicios durísimos contra la Unidad Popular y justificado plenamente la intervención militar: “El país no tiene más salida salvadora que el gobierno de los militares”; “El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército”; “Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el poder ejecutivo y el judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución”; “La guerra civil estaba preparada por los marxistas”; “Es alarmante que en Europa no se enteren de la realidad: Allende dejó la nación destruida”.

Un tercer texto clave de Frei es el prólogo que escribe en el libro –de elocuente título– del cientista político DC Genaro Arraigada, De la Vía Chilena a la Vía Insurreccional (1974). Allí Frei sostiene planteamientos similares a aquellos contenidos en la carta a Rumor y como epígrafe de su prólogo, Frei elige esta advertencia de Píndaro: “Fácil es, incluso para el más débil, destruir una ciudad hasta sus cimientos; pero es, en cambio, muy dura empresa levantarla de nuevo”.

No deja de ser asombroso que en ese mismo 1973 en que se extendía el certificado de defunción de la democracia chilena y morían muchos de los nobles sueños de los fundadores del PDC, también fallecía en Francia Jacques Maritain, el filósofo-político francés que tanto admiraba Eduardo Frei y a quien había visitado en su lecho de enfermo en su exitosa gira a Europa de 1965.

4. Las Fuerzas Armadas obedecen el llamado de la Cámara de Diputados

En la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973, 18 días después de que los ministros militares recibieran formalmente el Acuerdo de la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en todo el territorio un operativo militar para cumplir el mandato parlamentario. Como lo ha sostenido el historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, con el Acuerdo, “la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos, liderados por el general Augusto Pinochet, removieron por la fuerza a Allende de su cargo” (Communism. A Brief Story, 2001).

The Economist,la influyente revista de opinión británica, publicó un editorial titulado “El fin de Allende”, cuyo contenido es altamente revelador. La revista es clarísima en asignar la responsabilidad por la ruptura al Presidente Allende: “La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente atropellaron la Constitución…si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quien tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales”.

Esta revista fue de los escasísimos medios extranjeros que mencionaron entonces el crucial Acuerdo del 22 de agosto: “Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano…El gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país…El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que ‘el gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta’…Las Fuerzas Armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional…los intentos por hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile…Esto significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quien lo hizo inevitable”.

Como afirmó uno de los hombres claves detrás del Acuerdo y entonces Presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin: “El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena hacia el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo al borde del ‘Golpe de Praga’, que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente” (El Mercurio, 17 de septiembre de 1973).

No fue una afirmación aislada del futuro Presidente de Chile. Un mes después, Aylwin ratificó su pensamiento así: “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista” (La Prensa, 19 de octubre de 1973). Incluso dió una entrevista a Televisión Española en la cual, con inusitada fuerza y claridad, reitera su total aprobación a los hechos del 11 de Sepytiembre de 1973.

Alexander Solzhenytsin, el gran escritor e intelectual ruso que denunció el horror del Gulag, los campos de concentración en la Unión Soviética, afirmó que “el comunismo sólo se detiene cuando encuentra una muralla”. A medida que el gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas, sociales y políticas con el propósito de hacer su revolución marxista, surgió, desde los más diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias. La resistencia civil generalizada fue “la muralla” con la que se encontró el comunismo en Chile. Fue ella la que empujó a la aprobación del Acuerdo de la Cámara de Diputados. El desenlace inevitable fue la remoción por la fuerza, y con consecuencias muy dolorosas, del presidente y del gobierno que estaban violando “sistemáticamente” la Constitución de la República.

5. Conclusiones

Los hechos demuestran entonces que:

a) El Presidente Salvador Allende fue el principal responsable de su propia caída, pues cometió un suicidio político al declararse en rebelión contra la Constitución de la República.

b) Las acciones del gobierno de la Unidad Popular generaron una masiva y valiente resistencia civil, la cual se expresó de múltiples maneras, y fue ella la que concluyó impulsando a las dirigencias políticas a enfrentar frontalmente al Presidente Allende y exigir su remoción.

c) El ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, fue el líder determinante en el Acuerdo de la Cámara de Diputados que acusó al Presidente Allende de haber cometido veinte violaciones a la Constitución y que concluyó con un llamado desesperado a la intervención de las Fuerzas Armadas.

d) Las Fuerzas Armadas, al remover al gobierno de la Unidad Popular, no realizaron un típico “golpe de estado” latinoamericano, sino que obedecieron un mandato moral y político de la Cámara de Diputados, un brazo del mismo Congreso que en 1970 había elegido Presidente a Salvador Allende.

Pero algo sorprendente sucedió en esa fría noche del 22 de agosto de 1973 inmediatamente después de terminada la votación del Acuerdo. Algunos diputados de la oposición comenzaron a cantar la Canción Nacional. Y ese gesto comenzó a ser imitado por otros hasta que al final toda la Cámara estaba de pie entonando el himno patrio.

En ese amor a Chile, compartido por todos, sobrevivía la esperanza.

(ACLARACIÓN FUNDAMENTAL. He escrito este ensayo, con amistad cívica con todos y animosidad con ninguno, como una contribución a la causa de que nunca más se quiebre la democracia en Chile. Para ello estimo imprescindible tanto conocer las verdaderas causas que condujeron, bajo el gobierno del Presidente Allende, a su destrucción (tema de este ensayo) como concordar hacia el futuro los siguientes tres principios fundamentales para una convivencia cívica pacífica: 1) Bajo ninguna circunstancia, con ninguna justificación, y en ninguna forma, un grupo debe propugnar, y mucho menos iniciar, la violencia como mecanismo de cambio económico, social o político bajo un régimen democrático; 2) Iniciada la violencia por algún sector, ella debe ser atajada de inmediato por el gobierno de ese momento, por cierto dentro de la ley, pero aplicando toda la fuerza de la ley; 3) El rechazo a los que propician y ejercen la violencia, y el apoyo al gobierno que la combate con mano firme, debe contar con el respaldo unánime y decidido de la sociedad política y de la sociedad civil. Quisiera destacar que el período cubierto por este ensayo termina el 11.9.73. Espero escribir pronto otro ensayo que comience el 12.9.73).