Javiera Blanco, anunció este martes que el Gobierno presentará una apelación ante la Corte Suprema para intentar revertir la libertad condicional otorgada a los autores de denominado caso Degollados. El gobierno comienza intervenciones en el mundo judicial, con fines políticos acorde a los intereses políticos izquierdistas del gobierno. No obstante, llama la atención la nula acción del gobierno para evitar el clima de robos y violencia que han aumentado radicalmente la administración Bachelet.
Blanco anunció la medida tras sostener una reunión con los familiares de las víctimas del asesinato cometido por los agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) Miguel Pablo Muñoz Uribe y Alejandro Segundo Sáez Mardones, a quienes la Octava Sala de la Corte de Apelaciones concedió la libertad condicional.
La secretaria de Estado explicó que la acción judicial del Ejecutivo será impulsada desde el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, dado que a juicio de La Moneda se trata de “una causa que le ha generado a nuestro país un dolor enorme”.
“Como Programa de Derechos Humanos vamos a ser parte y vamos a presentar una apelación en el dia de mañana a la resolución que ha otorgado la libertad condicional en el caso de Saéz Mardones. Creemos que hay antecedentes que nos permiten hoy día presentar esa apelación para lograr la revocación”, explicó.
En esa línea, sostuvo que esta medida no contradice “lo que ha sido la tónica del Gobierno, en el sentido de no entrar a calificar una resolución judicial, pero si podemos decir que en relación a materias como esta tenemos un compromiso que se traduce en materias concretas”.
Asimismo, la titular de Justicia infirmó que desde el Gobierno “queremos avanzar en el reglamento penitenciario a las limitaciones para el otorgamiento de ciertos beneficios o al menos lo que hemos hablado, que es el cumplimiento de requisitos rigurosos y estrictos que tienen que ver con arrepentimiento, entrega de información eficaz para investigaciones de casos”.
