El informe dado a conocer por el Gobierno muestra que dos tercios de los sancionados por evasión no pagan las multas, demostrando la poca eficacia de la fiscalización.

Esto generaría pérdidas que, según el ministerio de Transportes, ascienden aUS$150 millones al año, lo que implicaría a largo plazo solicitar mayor ayuda al subsidio estatal o de incrementar la tarifa del transporte para poder costear los pagos del sistema.

En cuanto al plan de fiscalización, solo 267 funcionarios están destinados a controlar la evasión, de los cuales 80 efectivamente salen a las calles. Si a eso se le suma que tiene que vigilar a más de 6 mil buses y a cerca de dos millones de pasajeros que día a día utilizan el transporte público, la eficacia del plan registra una importante falencia.

Según expertos en la materia, las falencias en el sistema se deben a que las fiscalizaciones se realizan en los mismo lugares, a la misma hora y que los usuarios al ver que serán fiscalizados se bajan del bus o bien, pagan su pasaje que anteriormente no habían validado.